Año a año

La ONG Provea registra, en su informe de 1998–1999, que se han producido 101 casos de violación del derecho a la vida. Señala a las policías descentralizadas como las responsables de más de 50% de esas violaciones.

José Ramón Rodríguez es asesinado en Portuguesa. Había denunciado públicamente que el autodenominado “grupo exterminio” de ese estado había matado a su hijo, Jimmy Rodríguez, y al joven César Agray. Otras familias afectadas por ese grupo comienzan a denunciar hechos similares en Falcón, Bolívar, Anzoátegui y Yaracuy. Esto permitió que organizaciones civiles sistematizaran los casos y obtuvieran cifras que, si bien eran extraoficiales, reflejaban que, en al menos ocho estados de Venezuela, se constataba la existencia de “escuadrones de la muerte” que habrían asesinado a unas 400 personas en los años 2000 y 2001.

El 27 de febrero, la Defensoría del Pueblo, en su informe anual de 2001, dedicó un apartado especial a los casos de ajusticiamientos y desapariciones forzadas en varias regiones del interior del país. Advierte, textualmente, sobre “la instauración de hecho de la pena de muerte”.
Entre el 6 y el 10 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visita Venezuela para monitorear la situación de derechos humanos. Dedicaron un día completo a conocer la situación de Portuguesa. Al año siguiente, emite su evaluación final manifestando especial preocupación por los “grupos de exterminio” o “grupos parapoliciales”.

La ONG Cofavic inicia una investigación in situ en los estados en los cuales abundaban las denuncias: Yaracuy, Portuguesa, Anzoátegui y Falcón. Las entidades tenían la característica de que estaban gobernadas por mandatarios oficialistas y de oposición, lo que hizo pensar que el fenómeno de grupos parapoliciales no estaba relacionado con las tendencias partidistas de los gobiernos regionales.

Cofavic documenta 384 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en 23 estados del país. Registró un promedio de 4 presuntos funcionarios actuantes por caso y una relación directa de 2 víctimas por hecho.

El monitoreo de Cofavic arroja 1.018 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en 24 estados del país.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos reitera que resulta indispensable que el Estado Venezolano cuente con la existencia de un marco jurídico que regule el uso de la fuerza y garantice el derecho a la vida; brinde equipamiento apropiado a los funcionarios a cargo del uso de la fuerza; y que los seleccione, capacite y entrene debidamente.
El Comité contra la Tortura de la ONU muestra su consternación ante el extendido patrón de ejecuciones extrajudiciales. Menciona el caso de la familia Barrios.

El 13 de julio, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz da inicio a la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), como un nuevo Plan Nacional en materia de seguridad ciudadana. El presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó que el objetivo era “combatir el paramilitarismo”; “apretar al máximo el castigo de todos los crímenes” y la “liberación del pueblo de los delincuentes”. El plan se estrenó en el sector Cota 905 –en el suroeste de Caracas– y produjo una masacre de 15 personas asesinadas.
Cofavic documenta 1.396 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, en las que participaron en promedio 72 presuntos funcionarios del Estado por cada caso, una cifra nunca antes registrada. Cada hecho dejó en promedio 3 víctimas.